confecciones "CAROL & YULY"

“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia apelada y en su lugar CONDENAR al pago de la pensión de jubilación en la suma de $1.525.632,64 que se cancelará a partir del 23 de septiembre de 2007 incluida la mesada adicional de diciembre y hasta que se cumplan los requisitos señalados por el ISS para el otorgamiento de la pensión de vejez, momento a partir del cual solo será a cargo de la demandada el mayor valor si lo hubiere entre la que viene otorgando y la que concede el ISS.

SEGUNDO: absolver de las demás pretensiones.

TERCERO: Sin Costas en esta instancia, las de primer grado a cargo de la demandada.”

Para esta decisión, señaló que no existe controversia frente a la existencia de la relación laboral entre las partes, desde el 25 de noviembre de 1976 hasta el 12 de “octubre” de 1997; la fecha del nacimiento del actor, 23 de septiembre de 1952; el último salario promedio mensual devengado; y la calidad del demandante de beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que al 1° de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad.

Precisó que lo que se discute es la condición de trabajador oficial del accionante durante su vinculación con el demandado, continuó con la trascripción de apartes de la sentencia de casación de fecha 12 de diciembre de 2007, radicación 30452, y una vez lo anterior, señaló:

“Es decir, sin importar la composición accionaria o el cambio de naturaleza jurídica del Banco demandado, ni las normas que de carácter laboral rijan las relaciones de trabajo; el demandante conserva su carácter de trabajador oficial, pues Bancafe siempre tuvo participación estatal al margen que dicho capital fuera inferior al 10%, pues la condición de servidor público, no se adquiere del régimen aplicable en materia laboral, sino del ente al cual estuvo vinculado, en el cual el estado conserva su participación, razón suficiente para conceder la pensión de jubilación en la forma solicitada y condenar al pago de la misma.”

En cuanto a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, advirtió que por tratarse de una pensión no regulada por el sistema de seguridad integral en pensiones, éstos no resultaban procedentes, según la postura mayoritaria de esta Corporación.

IV. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpone con fundamento en la causal primera de casación laboral, establecida en el artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964 y 7° de la Ley 16 de 1996, con el cual pretende, que esta Sala CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia y, una vez constituida en sede de instancia, CONFIRME la decisión del Juzgado.

Para el efecto, formuló dos cargos que tuvieron réplica, y que se despacharan de manera conjunta, con vista a la réplica y por razones de método, sumado al propósito común de los mismos, conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

V. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la “vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos1° de la Ley 33 de 1985; 3,68 y 75 del Decreto 1848 de 1969; 5 del Decreto 3135 de 1968; 2 del Decreto 130 de 1976; 1° del Decreto 092 de 2000; 11, 13, 14, 33, 35 y 36 de la Ley 100 de 1993; 1° del Decreto 1748 de 1991; (2.4.9.11. y 2.4.9.1.3.), 264 del Decreto 663 de 1993; Numeral 3 del artículo 28 del Decreto 2331 de 1.998; 97 de la Ley 489 de 1.998; 78 y 79 de la Ley 510 de 1999 y 58 de la Constitución Política de Colombia.”

Indica como errores manifiestos de hecho:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que a partir del día 5 de julio de 1.994 varió el régimen jurídico aplicable a los trabajadores del Banco, debido a que la propiedad Estatal se redujo en un porcentaje inferior al 90% y, por ende, las relaciones de trabajo con los servidores del Banco quedaron sometidas al régimen privado.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que para el día 5 de julio de 1.994 el demandante tenía 20 años de servicio oficial.

3. No dar por demostrado, estándolo, que para el día 5 de julio de 1.994 el demandante tenía cumplidos 17 años, 7 meses y 10 días.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Miguel Antonio Valencia Gutiérrez no tiene derecho a la pensión de jubilación oficial.”

Enlista como pruebas dejadas de apreciar, la documental que obra folio 123 a 138 y 188 a 210 del expediente, referidas en su orden, a la composición accionaria del banco demandado y a sus estatutos.

En la demostración del cargo, señala que el documento obrante a folio 138, muestra que a partir del 5 de julio de 1994, varió la composición accionaria del Banco y, por ende, desde esa fecha sus servidores son trabajadores particulares, motivo por el cual los requisitos de pensión no son los previstos en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Manifiesta que el cómputo de tiempo desde el 25 de noviembre de 1976, fecha de inicio de la relación, al 5 de julio de 1994, arroja un total de 17 años, 7 meses y 10 días, como tiempo de servicio oficial y no de 20 años como lo consideró el Tribunal; que la equivocación de éste, se originó al dejar de analizar el documento que establece la composición accionaria del Banco; que de los documentos reseñados se verifica que a partir del segundo semestre del año 1994, la propiedad accionaria del estado fue inferior al 90%, por lo que el régimen aplicable a los trabajadores del demandado desde esa fecha, fue el del sector privado; y que esa condición se mantuvo hasta la liquidación de la entidad.

Refiere que los Estatutos del Banco reiteran que los empleados del Banco son trabajadores particulares; que el Decreto Ley 663 de 1993, determinó en el artículo 264 que el régimen legal del accionado sería el contemplado en el derecho privado, al igual que el Decreto de Emergencia Económica No. 2331 de 1998, numeral 3, artículo 28, pues este último no ordenó ningún cambio en el régimen legal aplicable a los trabajadores del Banco, “por el contrario, allí se indicó que la inyección de capital (aceptando en gracia de discusión que el demandante hubiese estado vinculado para la fecha de expedición de ese decreto) no influiría en las relaciones laborales las cuales se seguirían rigiendo por el derecho privado”; y que igualmente, el artículo 1° del Decreto 92, dispuso que las normas a las cuales quedaría sujeto el Banco respecto de las relaciones de trabajo eran las previstas para el sector privado.

Así mismo, advierte que el demandante para el 5 de julio de 1994, no tenía 20 años de servicio oficial, pues ingresó al Banco el día 25 de noviembre de 1976, “motivo por el cual para esa oportunidad tampoco había consolidado el tiempo de servicio para tener derecho a la pensión de jubilación oficial”

VI. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la “vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida”, de las normas enunciadas en el cargo anterior. Así mismo, enlista idénticos errores de hecho

Respecto de las pruebas, refiere la “apreciación incorrecta” de la documental que obra folio 123 a 138 y 188 a 210 del expediente, esto es, la composición accionaria del banco demandado y sus estatutos.

Al sustentar el ataque, advierte que menciona como indebidamente apreciadas las pruebas señaladas en precedencia, “bajo el entendido que el Tribunal hizo expresa alusión a la variación del capital social que se presentó en el año de 1.994”; y transcribe los argumentos que sirvieron de sustento al primer cargo.

VII. LA RÉPLICA

El opositor, luego de algunas consideraciones de orden técnico, aduce que no es cierta la afirmación del recurrente acerca de que al actor con posterioridad al 4 de julio de 1994, se le aplican las reglas y normas laborales del sector privado y que no cumplió los 20 años en el sector oficial para ser acreedor de su pensión; señala que conforme a un concepto del Consejo de Estado, la entidad no cambia de naturaleza jurídica cuando se aumenta o disminuye el capital accionario del Estado por encima o por debajo del 50%, solo modifica el régimen aplicable a sus trabajadores determinándolos como oficiales cuando la participación oficial es superior al 90% y particulares, si es inferior a dicho porcentaje; que esa naturaleza jurídica no la determinan los estatutos, sino el grado de participación estatal; cita, en su apoyo, la sentencia de esta Sala, del 30 de enero de 2003, radicación 19108.

Señala que no erró el Tribunal al afirmar que el demandante si cumplió con 20 años de servicios al sector oficial, y que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y reproduce in extenso apartes de la Sentencia C-781 de 2002 proferida por la corte Constitucional.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

No existe discrepancia alguna frente a los extremos temporales de la relación laboral, esto es, que el actor prestó servicios a la entidad recurrente del 25 de noviembre de 1976 al 12 de noviembre de 1997, el cumplimiento de los 55 años de edad del actor el 23 de septiembre de 2007, así como que se encontraba en el régimen de transición de la ley 100 de 1993 , por lo que le corresponde dilucidar a esta Sala, si el actor laboró por espacio de 20 o más años en calidad de trabajador oficial, para ser acreedor de la pensión de jubilación oficial en los términos establecidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como lo concluyó el Tribunal o, si por el contrario, no cumple con dicho requisito, como lo aduce el recurrente.

Pues bien, discrepa el censor de la sentencia de segunda instancia, en cuanto aplicó de forma indebida varias normativas, entre ellas, los artículos 1° de la Ley 33 de 1985 y el 36 de la Ley 100 de 1993, dado que se reconoció la prestación solicitada por el actor, bajo el entendido que durante la vigencia de la relación laboral, ostentó la calidad de trabajador oficial; y así mismo lo señalado por los Decretos 663 de 1993, 130 de 1976, 092 de 2000 y 2331 de 1998, que tienen que ver con las variaciones de la naturaleza jurídica del Banco y, en consecuencia, con la calidad que tenía el actor.

El análisis del Tribunal resulta equivocado, toda vez que si bien, para resolver el asunto tuvo en cuenta que cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993, el actor tenía más de 40 años de edad, que lo ubicaba, con acierto, en el régimen de transición y por ello beneficiario de lo previsto en la Ley 33 de 1985, no observó que a la luz de esta preceptiva era menester demostrar los 20 años de servicio como trabajador oficial, conclusión ésta a la que llegó de deducir, erradamente, que la entidad bancaria “siempre tuvo participación estatal al margen que dicho capital fuera inferior al 10% …”

En efecto, el tema objeto de debate, ha sido examinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte en varias oportunidades, en las que se han analizado los efectos de los cambios de la naturaleza jurídica de la entidad demandada, especialmente en lo relativo al régimen pensional aplicable a sus servidores; en ese sentido se pueden rememorar las sentencias del 15 de febrero, 19 de julio, 3 de diciembre y 12 de diciembre, de 2007, radicaciones 28999, 31110, 29256 y 30452, respectivamente; en la última, se concluyó:

“1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o BANCAFÉ, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de BANCAFÉ, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

3º) Sin embargo, por Decreto 092 de 2000 se reformó la estructura de BANCAFÉ y se dispuso expresamente que el régimen de personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

4º) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de BANCAFÉ en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

5º) Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 092 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55”.

Lo expuesto deja en evidencia la equivocación del Tribunal al estimar que con la totalidad del tiempo de servicios del actor (25 de noviembre de 1976 al 12 de noviembre de 1997) y al encontrarse cobijado por el régimen de transición, era acreedor a la pensión de jubilación oficial; pues al descontar el lapso de tiempo comprendido entre el 5 de julio de 1994 (cuando la naturaleza de la entidad varió) y el 12 de noviembre de 1997 (cuando terminó el vínculo) en el que los trabajadores del Banco Cafetero ostentaron la calidad de particulares, se tiene que el actor prestó sus servicios como trabajador oficial de la entidad demandada, 17 años, 7 meses y 10 días, que no satisface o supera el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985.

De manera entonces, que le asiste razón al recurrente, si se tiene en cuenta que el derecho pensional reclamado, se causa además del cumplimiento de la edad (55 años), con la prestación de los servicios como trabajador oficial durante 20 años o más, requisito este último que no cumplió el actor.

En consecuencia, los cargos son fundados y habrá de casarse la sentencia recurrida.

En sede de instancia, son suficientes las razones plasmadas para confirmar la decisión absolutoria del Juzgado, en tanto concluyó que el actor prestó servicios como trabajador oficial durante menos de 20 años, situación que no le da derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada.

Dada la prosperidad de la acusación, no se impone costas en casación. En las instancias, estarán a cargo de la parte actora.